Castellon: manipulacion de los censos
La Democracia, como sistema que asegura la participación de la población en la elección de sus dirigentes políticos, descansa en un cimiento previo pero básico, donde se refleja la población con derecho a participar en tal decisión política. Ese instrumento fundamental no es otro que el CENSO.
La inclusión en el mismo comporta la declaración por parte del implicado, asegurando en documento de carácter público su residencia habitual a tales efectos políticos, entre otros muchos.
Se supone pues, dada la importancia política y social del mismo (identificándose así las necesidades de educación, seguridad, sanidad, suministros básicos de la población etc. etc.), que las modificaciones al mismo, deben reflejar fehacientemente la realidad de los movimientos de la población, incluyendo sus altas y bajas.
Cualquier desviación de esta situación real, a fin de adecuar el documento censal a intereses partidistas, deberá pues ser considerado como atentatorio contra la verdad y en consecuencia perseguido y penalizado como falsificación de dato en documento público. Hasta ahí creo que todos convendrán conmigo que lo dicho es incontrovertible.
La realidad nos muestra de nuevo que la manipulación del censo comporta una actuación políticamente perversa contra el sistema mismo, a fin de adecuar los resultados electorales de modo irregular falseando los datos sobre los que descansa el sistema democrático. Esas actuaciones que han sido reiteradamente denunciadas, en al menos y de momento, 11 casos en la provincia de Castellón. Casos todos ellos relacionados con previsibles alteraciones sustanciales en la composición final de la Diputación.
La evidencia de tales actuaciones es tan burda como manifiesta, cuando con todo el descaro del mundo, ediles y alcaldes populares implicados en la maniobra aseguran con toda desfachatez, que actúan bajo directrices emanadas directamente desde la misma Diputación, a fin de garantizar un resultado favorable al mantenimiento del actual ocupante de la institución. Quien ¿como no?, no podía ser otro, se trata de Carlos Fabra, que así se garantiza al 100% su reelección de forma tan truculenta como perversa.
Exigir una mínima documentación fehaciente y apropiada a quienes se registran como altas, es algo que en caso de cumplirse, evitaría la corrupción del sistema. La persecución administrativa e incluso penal de los funcionarios que posibilitan el fraude y la manipulación, bien sea a instancia de parte o bien de oficio, contra los casos de evidente irregularidad o dejación de funciones, una exigencia de justicia básica.
Urgen pues medidas contundentes para evitar las "intervenciones" tan descaradas como son los casos denunciados públicamente por los medios, con inscripciones masivas en domicilios en condiciones de ruina total o incluso inexistentes, en pequeñas poblaciones de fácil control. La democracia está en juego cada vez que se permiten estas modificaciones que atentan la veracidad de los datos sobre los que descansa, falseando no solo el censo, sino lo que es mas evidente los resultados electorales emanados del mismo.
Por una democracia real y justa, lucha contra la corrupción, también en el censo.
3 comentarios
Amparo -
Menudos Pajaros son
Prieto -
Amadeu -
La solución debería pasar por exigir el cumplimiento de la legislacion existente y perseguir a los infractores
Nosotros denunciamos, pero ellos saben que no se hará nada o quizás tan tarde que
no pueda invalidar los resultados que le son favorables ,ya lo han hecho antes otras veces.